domingo, 28 de febrero de 2016

Presentación de Teruel por sí mismo y Tierra en Madrid


El pasado viernes 15 de enero el Colectivo Sollavientos presentó en Madrid el libro Teruel por sí mismo y el disco Tierra gracias a la amabilidad de Jorge y Bego, de la librería vallecana La esquina del zorroFue un acto amigable y estimulante en el que con la complicidad de unos treinta asistentes que llenaron la librería se compaginó la exposición, el debate y la música. El paisaje, la ciencia, el trabajo y la función social de Sollavientos, los problemas del medio rural, una mirada somardera al inveterado pesimismo aragonés y canciones, unas cuantas canciones (de Labordeta, de Montesolo…) gracias a José-Luis Simón y la gran amabilidad de Araceli Cereceda y de Ángel Petisme.
Fue una oportunidad magnífica para dar a conocer el Teruel interior a gentes que jamás habían oído hablar de él, y de reencontrarse, o encontrarse, con sollaventeros nuevos y amigos (Antonio Castellote, Milagros, Fernando Inigo…) que paran por Madrid. Es un tópico decir que algo bonito y agradable, es inolvidable, pero es que los tópicos, a veces, responden a la realidad. Fue inolvidable.


A través de este enlace, puede accederse a una pequeña reseña de fotografías y vídeos del acto:





Las próximas presentaciones del CD TIERRA: poemas y música de las esferas, serán  en:


CASTELLÓN: Centre Excursionista de Castelló, c/ Jesús Martí Martín, 24 bis (enfrente de la entrada principal del campus de la Universitat Jaume I). 
Viernes 11 de marzo de 2016; 19:30 H.

ZARAGOZA: Domingo,10 DE ABRIL, 12:00 horas en el Centro Cívico Estación del Norte (C/Perdiguera, 7- ZARAGOZA) .


miércoles, 17 de febrero de 2016

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL DE LA MINERÍA EN ARAGÓN


Problemática medioambiental de la minería en Aragón
(un esquema de síntesis a partir de la reflexión y la experiencia del Geoforo por una Nueva Cultura de la Tierra y del Colectivo Sollavientos) (
)


1) Las tres patas de la compatibilidad minería-medio ambiente
1.1) La compatibilidad de la actividad minera con la conservación medioambiental requiere la acción combinada, por parte de la Administración, de instrumentos de (i) ordenación, (ii) evaluación de impactos, y (iii) vigilancia ambiental. Las tres son necesarias; si falla cualquiera de ellas, el sistema se tambalea. 

1.2) En este momento, en Aragón, funciona razonablemente sólo uno de esos instrumentos: la Evaluación de Impacto Ambiental, que la Administración trata de implementar con el máximo rigor, aun cuando ciertas prácticas arraigadas en el sector minero se lo ponen a veces difícil: calidad deficiente de muchos proyectos y Estudios de Impacto Ambiental; minusvaloración de los activos ambientales y patrimoniales del territorio; utilización de métodos de restauración poco actualizados y excesivo optimismo en sus resultados.  

1.3) No existe ningún tipo de ordenación minera. En numerosos foros de debate recientes se ha argumentado su necesidad. Las propias empresas reclaman una planificación estable que les permita acometer planes de inversión a largo plazo, mientras la población afectada reclama una sostenibilidad medioambiental y un compromiso de las empresas con el territorio que hacen de dicha ordenación algo razonable y beneficioso para todos. Sin embargo, borradores de una ley de minería de Aragón y un plan de ordenación minera redactados hace más de 7 años no han visto la luz, y la administración minera actual no los tiene en su agenda. Parece que hay dificultades de encaje con la legislación estatal, pero quizá lo que hay que plantearse cambiar es la Ley de Minas de 1973 (preconstitucional). Desde sectores científicos y ambientalistas se reclama que se haga una ordenación minero-ambiental, puesto que lo que está en juego no es sólo la optimización y rentabilidad máxima de la actividad minera, sino también su compatibilidad con la conservación del patrimonio natural y cultural y con otras actividades y usos del territorio en el medio rural.

1.4) Tampoco funciona como debería la inspección y vigilancia ambiental. Los medios humanos disponibles resultan insuficientes, y el mecanismo de los avales que las empresas depositan para garantizar que acometerán la preceptiva restauración no funciona adecuadamente. Se imponen muy pocas sanciones, y no existe ningún caso en que la Administración haya acometido una restauración de forma subsidiaria con el importe de ese aval. 

1.5) En tal situación, la Evaluación de Impacto Ambiental de cada proyecto individual es abordada sin un contexto de planificación adecuado (como podría ser una Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programas), y sabiendo que los planes de labores y restauración que se deriven del mismo no van a tener un seguimiento cercano, ni probablemente sanciones en caso de incumplimiento. La EIA se convierte así en un mero trámite administrativo en el que muchas veces, de forma curiosa y paradójica, es el proceso de participación pública el que saca a la luz problemas que los informes técnicos habían soslayado. Las garantías que la sociedad civil tiene acerca de la compatibilidad ambiental de la actividad minera en su conjunto se convierten, por consiguiente, en mera abstracción.

2) La minería de carbón
2.1) La minería de carbón a cielo abierto, especialmente en las últimas décadas, ha sido desempeñada por algunas grandes empresas (ENDESA, MFU) que (i) han realizado investigaciones sistemáticas del recurso; (ii) han podido cumplir planes de explotación bien definidos, para atender una demanda relativamente previsible de clientes fijos (centrales térmicas de Escucha y Andorra), y (iii) han podido aplicar asimismo procedimientos racionales de restauración siguiendo el sistema de minería de transferencia y tras más de una década de esfuerzos en I+D. Por otro lado, sus procesos de reconversión han liberado en algunos momentos mano de obra abundante para ejecutar proyectos de restauración de gran envergadura. El resultado son algunos buenos ejemplos (Escucha, Andorra) en que, tras permanecer activas durante varios años algunas explotaciones de escala kilométrica, se ha conseguido una notable recuperación del entorno. 

3) La minería de arcilla 

 3.1) La complejidad en la distribución geológica de los yacimientos de arcillas hace difícilmente predecibles sus propiedades y, ante una demanda también compleja y voluble por parte de los clientes (esencialmente, la industria cerámica de Castellón), dificulta la planificación de las labores de explotación y restauración. Aunque sobre el papel los proyectos sean viables, aunque hayan obtenido una Declaración de Impacto Ambiental positiva, y aunque tengan (también sobre el papel) planes de labores y restauración correctos, su cumplimiento en el día a día se hace casi imposible. Quizá esto explique por qué en el área más activa en la provincia de Teruel (Castellote-Berge-Estercuel-Ariño) hay ocupadas por canteras un total de 540 ha de las que sólo el 14% está restaurado.

3.2) Hay un grave problema en territorios sin tradición minera del centro de la provincia de Teruel, como el Maestrazgo, alto Guadalope o alto Alfambra. Una reactivación del sector cerámico en Castellón puede producir una fuerte presión sobre las reservas potenciales de arcilla que hay en esas zonas; en los últimos años se han planteado hasta unos quince nuevos proyectos en ese territorio, que de ir adelante podrían dar lugar a una verdadera ‘nueva cuenca minera’. Sus paisajes, los usos tradicionales del suelo, así como otros desarrollos alternativos basados en el sector terciario (turismo rural, natural y cultural a partir de su rico patrimonio), quedarían hipotecados. El reto del sector minero de hacer atractivos sus proyectos en este territorio es muy difícil, y su capacidad para actuar como revulsivo económico capaz de revertir la tendencia a la despoblación en la provincia de Teruel es nula. Existen ejemplos de malas prácticas que han creado una imagen negativa difícil de borrar.

3.3) Esto explicaría por qué han surgido conflictos en localidades como Aguilar del Alfambra, donde existe un contencioso grave entre la empresa Sibelco, que quiere abrir una nueva mina muy cerca del pueblo, y los habitantes, que casi unánimemente la rechazan. El Ayuntamiento impugnó una antiguo permiso de explotación concedido a la compañía WBB (ahora Sibelco), amparándose en un posible fraude cometido por la empresa al calcular el volumen total anual de material removido, situándolo artificialmente por debajo del límite que hubiese exigido una EIA ordinaria, que en su momento no se hizo. El contencioso ha llegado a todas las instancias judiciales, hasta el Tribunal Supremo, que no han dado la razón al Ayuntamiento. En paralelo, una carta publicada en la prensa por la Plataforma Aguilar Natural, criticando la sentencia inicial de una juez de Teruel a favor de la empresa, fue causa de condena por injurias a los autores, que se halla recurrida ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Todo ello da idea de los conflictos que puede llegar a causar el choque de intereses entre una empresa minera que utiliza a veces subterfugios legales para defenderlos y una población local que es privada de derechos básicos sobre su patrimonio y su territorio.

4) Las pequeñas canteras: losas y alabastro 

4.1) Las losas que forman por doquier el sustrato calizo del Maestrazgo y la sierra de Gúdar son objeto de una intensa actividad extractiva al ser apreciadas como roca ornamental ‘rústica’. Tras tres décadas de crecimiento exponencial, pueden contabilizarse más de cien explotaciones autorizadas, la mayoría en el término municipal de Mosqueruela, con una superficie media de 2 ha y 1-3 m de profundidad. Cuando la restauracion es correcta, pasados 10-15 años puede haberse conseguido una recuperación aceptable del paisaje en zonas de cultivos abandonados o deforestadas (no así si se abren en un bosque). 

4.2.) Esto es lo que dice la teoría, pero la realidad es mucho más desalentadora. La restauración de las explotaciones ‘legales’ de losas es a menudo deficiente, pero además existen multitud de explotaciones ilegales, auténticosescarbaderos’ abiertos de forma indiscriminada en pinares o en monte bajo. Se trata de un sector minero de difícil regulación; las explotaciones son pequeñas y proliferan sobre amplias extensiones en las que la losa se obtiene con facilidad; falta profesionalidad y verdadero sentido empresarial en muchos de los titulares de las mismas, y no existe ningún plan de ordenación a escala municipal o comarcal. En 2009 la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Teruel había detectado en el Maestrazgo más de 130 canteras, en su mayoría de losas, y muchas de ellas ilegales, que tras abandonar su explotación no habían realizado ninguna restauración. Y todo ello afectando a un territorio con valores naturales sobradamente reconocidos y que gozan de figuras de protección como el LIC de Maestrazgo y Sierra de Gúdar o el BIC de la arquitectura de piedra.

4.3) El subsector del alabastro presenta un panorama parecido. También operan en él un número elevado de pequeñas empresas, muchas de las cuales incumplen sus obligaciones de restauración, amparándose en los reducidos importes de los avales depositados. A finales de la década de los 90 hubo gran contestación social en numerosos municipios del sur de la provincia de Zaragoza y norte de la de Teruel, que en 2003 y 2004 llevó a intervenir al Justicia de Aragón. Las quejas estaban motivadas por el destrozo paisajístico que ocasionan las explotaciones, el elevado grado de furtivismo y expolio en las mismas, y el escaso rendimiento que Aragón recibe (aun teniendo el 90% de la producción bruta mundial) debido a que casi toda la materia prima se exporta en bruto y es irrelevenate el valor añadido que deja en el territorio.

5) Los proyectos de explotación de gas de pizarra mediante fracking 
5.1) Existe una proliferación de solicitudes de permisos de investigación de gas no convencional presentadas en Aragón en los últimos años, que implicarían la utilización de la técnica de fracturación hidrúalica o fracking tanto en la segunda fase de investigación como en la propia explotación. La empresa Montero Energy presentó en 2012 los proyectos Kepler y Copérnico al este de la ciudad de Zaragoza, y el proyecto Platón en el Maestrazgo (en un bloque junto a otros tres en la vecina provincia de Castellón: Aristóteles, Arquímedes y Pitágoras). La documentación presentada con estas solicitudes tiene gravísimas deficiencias técnicas, y parece haber sido preparada para cumplir un mero trámite administrativo que quizá se confiaba superar sin ningún tipo de exigencia de calidad. Ni la Administración ni la ciudadanía se merecen una falta de respeto semejante. Los proyectos presentados en Castellón fueron desacreditados de forma contundente por una comisión de expertos nombrada por la Diputación Provincial. Las solicitudes en Aragón se hallan aún sin resolver; en las de Castellón la empresa ha sido requerida para subsanar las deficiencias y presentarlas de nuevo. Un 60% del capital de Montero Energy fue comprado en 2014 por el grupo aragonés SAMCA.
5.2) En 2013 el Gobierno central autorizó un permiso de investigación a caballo entre las provincias de Zaragoza y Navarra (Aquiles) a la compañía Frontera Energy. Dentro de esos planes de investigación, la empresa sometió a Consultas Previas un plan para la realización de prospección sísmica solicitando que se le aplicase un procedimiento de Evaluación Ambiental Simplificada. En el trámite de información pública se presentaron alegaciones, y el Ministerio no ha resuelto aún si acepta tramitar una EIA Simplificada o exige una ordinaria. 
5.3)  Existen otros permisos solicitados al Gobierno de Aragón más recientemente y aún no anunciados en el BOA: Aragón 1, 2, 3 y 4, que afectan conjuntamente a las tres provincias, y Muniesa y Pitarque, en Teruel. Todos ellos han sido solicitados por empresas aragonesas, filiales respectivamente de los grupos SAMCA y TERVALIS.
5.4) Son más que obvios los impactos que la explotación de gas de pizarra mediante fracking tendrían en superficie: demanda de agua; ocupación de suelo; masivo movimiento de tierras para establecer las plataformas de explotación y la red de caminos de acceso… Resulta muy difícil compatibilizar todo ello con otros modelos de desarrollo del medio rural basados en los activos de su patrimonio natural y cultural, por ejemplo. 
5.4)  Existe una gran opacidad sobre las formaciones geológicas que se quieren investigar, algo extremadamente relevante para valorar su posible impacto en los acuíferos. Éstos podrían verse contaminados por productos químicos nocivos del fluido que se inyecta a gran presión para producir el fracking, o también a sustancias naturales (arsénico, metales pesados…) que puede haber en el subsuelo y que serían movilizadas por esa inyección. La industria insiste en que blindar e impermeabilizar el tramo superior del pozo vertical garantiza la protección del acuífero, que se hallaría siempre a una ‘distancia de seguridad’ de más de 1000 m de las formaciones geológicas en que se explota el gas. Sin embargo, hay serias dudas de que esto pueda cumplirse en zonas como el Maestrazgo, donde un gran acuífero regional que ocupa las formaciones calcáreas profundas del Jurásico se intercalaría estrechamente con las capas que pueden contener gas de pizarra, y la contaminación sería inevitable. 
5.6) La exploración y explotación de gas no convencional requiere un conocimiento profundo de la geología de la zona. No sólo una valoración realista de los recursos disponibles; no sólo una tecnología para extraerlos de forma eficaz. También una idea clara de la configuración de las rocas y el agua en el subsuelo, una previsión rigurosa de los cambios que el fracking puede inducir, a fin de contrarrestar los riesgos que su aplicación conlleva. Sólo estudios muy detallados de las propiedades físicas de las rocas, de su fracturación y de las tensiones que soportan en condiciones naturales permitirían comprender el comportamiento del terreno profundo y afrontar esa prevención. Todo ello exigiría sin duda una Evaluación Ambiental Estratégica, con unos requisitos muy superiores a los que se aplican habitualmente, en virtud de las elevadísimas incertidumbres que existen sobre cómo pueden comportarse los sistemas geológicos profundos.

6) El proyecto de potasas de las altas Cinco Villas
6.1) En los yacimientos de potasas que comparten Aragón y Navarra hay una batería de cuatro proyectos, todos ellos solicitados por GEOALCALI. Van desde Sierra del Perdón (W de Pamplona, donde está la antigua explotación de Potasas de Navarra que cerró en 1997) hasta Bailo (Huesca), pasando por el norte de Cinco Villas. A cada proyecto se asocian varios permisos de investigación diferentes. El proyecto oriental (Pintanos) incluye los P.I. Puntarrón y Molineras. Uno de ellos está parado por inicio de expediente sancionador por hacer sondeos fuera de las zonas aprobadas; el otro también se ha denunciado por la misma razón, y por modificar los objetivos de los sondeos. Los dos proyectos más occidentales (Vipasca y Perdón) están ya enteramente en Navarra. El proyecto central (Mina Muga; área de Undués de Lerda-Urriés-Javier) está en tramitación en el Ministerio (por estar a caballo entre Aragón y Navarra). Abarca tres P.I. aprobados: uno concedido en Aragón (Muga 3500), otro concedido en Navarra (Goyo) y otro a caballo entre ambas comunidades (Fronterizo) concedido por el Ministerio. 
6.2) El proyecto Muga presenta una serie de complejidades y anomalías en su tramitación. Además de los tres P.I. aprobados, también abarca otras áreas en las que GEOALCALI ha solicitado explotación directa al Ministerio (que lleva aparejada un acto de encomienda, por el cual Navarra y Aragón trasladan la tramitación de EIA al Ministerio, aunque compartiendo con éste la decisión final sobre la DIA). Pero también ha pedido a la vez dos P.I. a Aragón (Muga Sur) y a Navarra (Goyo Sur), todavía no resueltos. Para Goyo Sur, que tiene 29 cuadrículas en Navarra y 3 cuadrículas en Aragón, pidieron inicialmente el P.I. a ambas cc.aa., pero luego han pedido de nuevo P.I. a Navarra sólo para las 29 cuadrículas. Esto implica que la solicitud ‘doble’ anterior, a Navarra y Aragón, quedó cancelada. Sin embargo, precisamente en las 3 cuadrículas que son de Aragón (para las que la solicitud de P.I. está cancelada, y en las que en todo caso no tienen concedido ningún permiso,) es donde han proyectado el inicio de una supuesta ‘galería de investigación’, que atravesaría bajo Muga Sur hasta Muga 3500, que es donde pretenden investigar el recurso por tener concedido permiso. En su momento, la Administración aragonesa admitió que esa galería se considerase como un trabajo convencional dentro del plan de labores de investigación y no se le exigiese EIA. Sin embargo, existen firmes sospechas de que bajo ese proyecto de ‘galería de investigación’ se esconde el propósito de abrir ya una galería de explotación, que sí precisaría EIA. Aparte de ello, el hecho de que la galería arranque en un punto que carece de P.I. (irregularidad manifiesta) y baje por debajo del freático (hasta 360 m de profundidad) exigirían por sí mismas una revisión de aquella decisión aprobatoria.
6.3) Todo ello configura un proyecto minero de gran envergadura, tramitado de forma múltiple y compleja a través de tres administraciones diferentes, apoyado en permisos ya existentes y en otros nuevos solicitados, con potenciales impactos ambientales (contaminación superficial y en el subsuelo, cambios de usos del suelo, posible sismicidad inducida en un área con un potencial sísmico natural conocido) que requerirían un tratamiento ambiental global y racional, y aconsejarían por tanto una Evaluación Ambiental Estratégica.

José Luis Simón Gómez
Dpto. de Ciencias de la Tierra, Universidad de Zaragoza 
Geoforo por una Nueva Cultura de la Tierra 

Colectivo Sollavientos

lunes, 15 de febrero de 2016

NUEVA PRESENTACIÓN EL CD TIERRA: POEMAS Y MÚSICA DE LAS ESFERAS




CASTELLÓN: Viernes, 11 de marzo, 19:30 horas, en el Centre Excursionista de Castelló; Calle Jesús Martí Martín, 24, Castellón (te mando la ficha que han difundido).

ZARAGOZA: Domingo,10 DE ABRIL, 12:00 horas en el Centro Cívico Estación del Norte (C/Perdiguera, 7- ZARAGOZA) .



martes, 2 de febrero de 2016

LA MINERIA DE ARCILLAS A CIELO ABIERTO EN ARAGÓN: IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL


                   


CICLO DE MESAS REDONDAS 
La minería de arcillas a cielo abierto en Aragón: impacto ambiental y social 


RESUMEN:
Los pasados días 14 y 21 de enero se celebró en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza (Fundación CAI), un ciclo de dos mesas redondas sobre ‘La minería de arcillas a cielo abierto en Aragón: impacto ambiental y social’, organizadas por dos colectivos de opinión: el GEOFORO por una Nueva Cultura de la Tierra y el Colectivo Sollavientos.
La primera mesa (Explotación y restauración: el complejo equilibrio de la ‘sostenibilidad’tenía como objetivo abordar aspectos técnicos acerca del contexto geológico y minero de los yacimientos, normativa y métodos de explotación, y problemática de la restauración. Contó con la participación de José Ignacio Urbizu (DGA), Óscar Fayanas (INAGA),  José Antonio Alfaro (geólogo consultor), José Manuel Nicolau (ecólogo)y José Luis Simón (moderador), estos últimos de la Universidad de Zaragoza. Se destacó la complejidad en la distribución geológica de los yacimientos de arcillas, que hace difícilmente predecibles sus propiedades y, ante una demanda también compleja por parte de los clientes (esencialmente la industria cerámica de Castellón), dificulta la planificación de las labores de explotación y restauración. La Administración realiza con rigor la Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos, rechaza aquellos que no son medioambientalmente compatibles, y desempeña de forma coordinada la posterior inspección y vigilancia ambiental. No obstante, reconoce que los medios humanos disponibles resultan insuficientes, y que el mecanismo de los avales que las empresas depositan para garantizar que acometerán la preceptiva restauración no funciona adecuadamente. 
La segunda mesa (La minería actual y los nuevos proyectos: expectativas y respuestas en el territorio) abordó los aspectos más sociales: el dilema que se plantea entre los impactos medioambientales, socioeconómicos y patrimoniales de este tipo de minería y las oportunidades de desarrollo que puede ofrecer a Aragón, especialmente a Teruel. Participaron Alejandro J. Pérez (geógrafo de la Universidad de Valencia), Emilio Querol (Ingeniero Técnico de Minas), Javier Oquendo (Educador ambiental de Castellote), Miguel A. Herrero (Arqueólogo, Museo Paleontológico de Galve) y José Luis Simón (moderador, Universidad de Zaragoza). A pesar de las gestiones realizadas por los organizadores, no se pudo contar con participación directa de las empresas mineras. Se destacó el papel de la minería como proveedora de productos que la industria y la sociedad necesitan, pero también sus graves impactos ambientales y su escasa capacidad para actuar como revulsivo económico capaz de revertir la tendencia a la despoblación en la provincia de Teruel. El reto del sector de hacer atractivos sus proyectos a territorios sin tradición minera como el Maestrazgo o el alto Alfambra es complejo: existen ejemplos de malas prácticas que han creado una imagen negativa, y que explican por qué han surgido ya conflictos en localidades como Alguilar del Alfambra.
La necesidad de una ordenación y planificación minero-ambiental fue una cuestión recurrente en ambas mesas redondas. Las propias empresas reclaman una seguridad que les permita acometer planes de inversión con garantías de futuro, mientras la población afectada reclama una sostenibilidad medioambiental y un compromiso de las empresas con el territorio que hacen que dicha ordenación aparezca como razonable y beneficiosa para todos. Sin embargo, a pesar de haberse intentado hace años su elaboración, y de haberse reclamado por el Consejo de Protección de la Naturaleza (CPNA), no existe un plan de ordenación minera de Aragón. Mientras la mayoría de los ponentes de ambas mesas lo vieron como necesario, desde la administración minera actual se destaca la enorme dificultad, o incluso la inconveniencia, de elaborar dicho plan, argumentando para ello la problemática actual del sector: la diversidad de la demanda, la dificultad de que ésta sea satisfecha desde yacimientos también muy variables e impredecibles, y la dificultad de articular un texto normativo que no se oponga al conjunto de la legislación estatal.  
INFORMACIÓN DESARROLLADA:
Los pasados días 14 y 21 de enero se celebró en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza (Fundación CAI), un ciclo de dos mesas redondas sobre ‘La minería de arcillas a cielo abierto en Aragón: impacto ambiental y social’, organizadas por dos colectivos de opinión: el GEOFORO por una Nueva Cultura de la Tierra y el Colectivo Sollavientos.
El GEOFORO por una Nueva Cultura de la Tierra es un colectivo de opinión sin personalidad jurídica, pero que agrupa en este momento a más de un centenar de investigadores y profesionales aragoneses vinculados al campo de la geología, geografía, medio ambiente y territorio. Sus objetivos son fomentar la reflexión, el debate y la opinión crítica como forma de contribuir a la cultura científica de la sociedad y al enfoque racional de problemas de interés social enmarcados en ese campo de conocimiento.
El Colectivo Sollavientos es un colectivo que promueve asimismo la reflexión y el debate sobre los problemas del patrimonio, medio ambiente y paisaje turolenses y su interacción con los modelos de desarrollo socioeconómico que desde distintas perspectivas se plantean para Teruel.


PRIMERA MESA:
La primera mesa redonda (Explotación y restauración: el complejo equilibrio de la ‘sostenibilidad’) tenía como objetivo abordar aspectos más técnicos: contexto geológico y minero de los yacimientos de arcillas, fundamentalmente en la provincia de Teruel; normativa y métodos de explotación; problemática técnica de la restauración de las explotaciones a cielo abierto; política de ordenación de la Administración en aras de la compatibilidad medioambiental del sector.
Contó con la participación de: 
José Ignacio Urbizu, Jefe de Sección de Promoción, Inspección y Desarrollo Minero, DGA.
Óscar Fayanas, geólogo, técnico del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).
José Manuel Nicolau, ecólogo, Profesor Titular de la Escuela Politécnica Superior de Huesca.
José Antonio Alfaro, geólogo consultor, Teruel.
y fue moderada por José Luis Simón, Catedrático del Dpto. de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza.

José Luis Simón explicó cómo la extracción de arcillas para la industria cerámica y la construcción es en Aragón, y especialmente en la provincia de Teruel, una actividad económica relevante. Existen explotaciones de arcilla tanto de pasta roja como de pasta blanca, casi todas ellos en formaciones geológicas del Cretácico inferior, las principales en Galve, Riodeva y el área de Castellote-Berge-Estercuel-Ariño. Abastecen principalmente a la industria cerámica de Castellón. Las arcillas para pasta roja se destinan a la fabricación tanto de ladrillos y tejas como de pavimentos y revestimientos cerámicos. Se presentan en yacimientos de gran espesor con poca proporción de estéril, con costes de extracción y precio (3-4 euros/Tm) reducidos. Los ratios muy bajos de estéril reducen las posibilidades de restaurar y minimizar los huecos finales de explotación. Las arcillas para pasta blanca y refractarias se presentan en capas de menor espesor y con mayor cantidad de estériles. Ello permitiría ejecutar una minería de transferencia que dejase un hueco final de menores dimensiones. Su mayor valor en la industria de cerámica y sanitarios (30-90 euros/Tm) podría también propiciar unas mayores posibilidades de restauración. 
José Ignacio Urbizu ahondó en la complejidad en la distribución geológica de los yacimientos de arcillas, el carácter variable y difícilmente predecible de sus propiedades, y cómo es necesario conjugar su explotación racional con una distribución de la demanda también compleja.  
El funcionamiento de la Evaluación de Impacto Ambiental, la principal herramienta que la Administración ha implementado para garantizar la compatibilidad medioambiental de las explotaciones, fue valorado positivamente, en general, por Óscar Fayanas y José Antonio Alfaro. Sin embargo, ambos admiten que a la Administración se presentan Estudios de Impacto Ambiental de calidad muy desigual. Algunos demuestran un elevado desconocimiento de la geología de la zona, minusvaloran los valores naturales y culturales del territorio, y son excesivamente optimistas sobre el resultado de sus planes de restauración. Algunos se devuelven para que se subsanen las deficiencias, y 6 de los últimos 20 proyectos tramitados han recibido Declaración de Impacto Ambiental negativa.
Cuestión diferente es la posterior labor de inspección y vigilancia ambiental, que, según José Ignacio Urbizu y Óscar Fayanas, desempeñan de forma coordinada los órganos administrativos de minas y medio ambiente con personal cualificado. Esa vigilancia ya se efectuaba en Aragón antes de la creación del Departamento de Medio Ambiente en Aragón en 1993, intensificándose desde entonces hasta culminar, el año pasado, en la aprobación de un protocolo de inspección riguroso. No obstante, los medios humanos disponibles resultan insuficientes para atender anualmente al conjunto del sector. Esto, junto a demoras injustificadas que con frecuencia se producen en la clausura de las explotaciones, hace que el cumplimiento de las restauraciones sea insuficiente.
Para garantizar la correcta realización de los trabajos de restauración la empresa debe constituir un aval. El problema es que hay constituidos avales muy antiguos y desfasados, que las empresas renuncian a recuperar porque les resulta más rentable no pasar la inspección final y dejarlos perder. José Ignacio Urbizu reconoce que el procedimiento para la ejecución de los avales es muy complejo, porque han de intervenir distintos departamentos y las partidas presupuestarias han de estar aprobadas en las leyes de presupuestos. Hasta la fecha no existe ningún caso en Aragón en el que se haya procedido a ejecutar una restauración por la Administración con el importe de los avales no devueltos, si bien está prevista desde el Departamento de Economía, Industria y Empleo, una vez aprobados los presupuestos, la puesta en marcha de un procedimiento para ello.
La situación descrita explica por qué, en el caso de la minería de arcillas, no se han conseguido los mismos resultados en cuanto a restauración que en la minería del carbón. Según José Manuel Nicolau, en esta última pueden presentarse algunos buenos ejemplos (Escucha, Andorra) en que se ha conseguido una notable recuperación del entorno, tras una década de esfuerzos en I+D por parte de las grandes empresas (ENDESA, MFU). En el subsector de las arcillas, un reciente estudio hecho en la Universidad para un área muy activa en la provincia de Teruel (Castellote-Berge-Estercuel-Ariño) muestra que hay ocupadas por canteras un total de 540 ha, de las que sólo el 14% está restaurado. Un único ejemplo de buena restauración es una parte de la mina ‘Irene’, de Minera Sabater. Debería haber más investigación que definiese las técnicas idóneas de restauración en cada caso; la Administración debería ser exigente con ello y, a la vez, dejar de aplicar manuales obsoletos y admitir nuevas técnicas que se van experimentando con buenos resultados.
Un documento sobre la problemática ambiental de la minería de arcilla, que el Consejo de Protección de la Naturaleza (CPNA) elevó en 2007 al Gobierno de Aragón, reclamaba que el Gobierno de Aragón elaborase un Plan de Ordenación Minera que estableciera las zonas susceptibles de aprovechamiento. Aunque, en una Jornada organizada en Teruel en 2008, desde fuentes de la administración minera se anunció que se estaba elaborando, José Ignacio Urbizu reconoce que no prosperó y, a fecha de hoy, dicho plan no existe. Añade, no obstante, que la problemática actual de la minería quizá no precise un plan de ese tipo. Establecer en Aragón un marco normativo propio, contando con la participación de todos los actores implicados en este sector, y respetando el conjunto de la normativa existente en materia de minería, seguridad y medio ambiente, resulta complejo. El propósito de la Administración de Minas no es establecer restricciones a la actividad, sino fomentar el desarrollo de aquellas explotaciones viables, cuyo aprovechamiento se lleve a cabo de forma racional y compatible con el medio ambiente, generando riqueza y valor añadido en la Comunidad.  
José Antonio Alfaro y José Manuel Nicolau defienden que sí haría falta una planificación de carácter minero-ambiental. Debería estar soportada por una Evaluación Ambiental Estratégica que analizase los territorios en su conjunto y estableciese dónde se puede y dónde no se puede afrontar nuevos proyectos mineros. La proliferación de pequeñas minas en las que se trabaja de forma discontinua, a demanda de los clientes, sugiere que el sector puede estar sobredimensionado. Mientras tanto, décadas, y sin que quede claro muchas veces si determinadas minas han cesado o no definitivamente su actividad, su impacto es manifiesto.


SEGUNDA MESA:
La segunda mesa redonda (La minería actual y los nuevos proyectos: expectativas y respuestas en el territorio) abordó los aspectos más sociales: el dilema que se plantea entre los impactos medioambientales, socioeconómicos y patrimoniales de este tipo de minería y las oportunidades de desarrollo que puede ofrecer a Aragón, especialmente a Teruel; cómo conjugar los intereses de los distintos sectores implicados (empresas mineras, población y ciudadanos preocupados, Administración autonómica y local). Se reflexiona sobre la proliferación de nuevos proyectos en trámite en zonas de tradición no minera, que comprometen otras formas de desarrollo del territorio, y conciernen, por tanto, a toda la sociedad, y se analiza la experiencia histórica en algunas localidades. 
Contó con la participación de:
Alejandro J. Pérez Cueva: Catedrático de Geografía, Universidad de Valencia.
Emilio Querol: Ingeniero Técnico de Minas, Asistencia Técnica Minera, S.L. 
Javier Oquendo: Educador ambiental. Escuela de Actividades en la Naturaleza (EANA), Castellote; Colectivo Sollavientos.
Miguel Ángel Herrero: Arqueólogo; Conjunto Paleontológico y Museo de Galve, asociación cultural ‘Dinosaurio’,
y fue moderada por José Luis Simón, Catedrático del Dpto. de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza.

(Los organizadores aclararon que se hicieron gestiones para conseguir que alguna de las principales empresas mineras que operan en Teruel (Minera Sabater, Sibelco, Samca) estuviesen representadas de forma directa en la mesa, pero por diversas razones no pudo conseguirse).
José Luis Simón dibujó el contexto socio-económico. El peso de la minería es importante en Teruel: 1.100 empleos directos, 1,2 % de la población activa en general (5% en el medio rural), 3’5% del PIB provincial (datos de 2004). Pero es menos relevante que antaño (menor peso que los 2.600 empleos de la hostelería). Castellón, con el 94% de la producción nacional de pavimentos y revestimientos cerámicos (10-11% de la producción mundial; datos de 2007) es el principal cliente de la minería de arcillas turolense. España es la 2ª/3ª productora mundial de pavimentos y revestimientos cerámicos, detrás de China y similar a Italia. Casi la mitad para consumo interno (3ª consumidora mundial absoluta tras China y Brasil, y 1ª en consumo por habitante). En Teruel, en cambio, no existe apenas industria transformadora. Si se reanuda el crecimiento del sector cerámico es previsible una presión sobre las reservas potenciales de Teruel, por agotamiento a medio plazo de las actuales reservas de arcilla roja de la Comunidad Valenciana, y porque allí no existen apenas yacimientos de arcilla blanca (una parte se importa desde Ucrania y Reino Unido, con costes crecientes). Esa eventual expansión de la minería de arcilla a zonas del Maestrazgo, Gúdar o Alto Alfambra, que no tienen tradición minera y conservan paisajes naturales con otros tipos de uso, supondría un cambio drástico en sus formas de vida y podría originar conflictos como los ya surgidos en algunas localidades. 
Emilio Querol destacó el importante papel que la minería cumple satisfaciendo necesidades de muchos productos que la industria y la sociedad necesitan, y cómo las empresas reclaman una seguridad que les permita acometer planes de inversión y negocio con garantías de futuro. Se querría tener garantía de que, dentro de zonas prefijadas, la Administración no pusiese tantas trabas como ahora pone a la aprobación de proyectos.
El moderador recordó que esa seguridad, que también reclama la población afectada (seguridad de sostenibilidad medioambiental, seguridad de compromiso con el territorio) requiere una ordenación y planificación minero-ambiental, algo que Emilio Querol reconoció como razonable y beneficioso para todos. Sin embargo, se trajo a colación la dificultad, o incluso la inconveniencia, expresada en la mesa anterior por José Ignacio Urbizu, Jefe de Sección de Promoción, Inspección y Desarrollo Minero de la DGA, acerca de un eventual plan de ordenación de minera en Aragón. Argumentaba para ello la problemática actual del sector: la diversidad de la demanda de productos específicos, y la posibilidad de que ésta sea satisfecha por yacimientos también muy variables; la dificultad de articular un texto normativo que no se oponga al conjunto de la legislación estatal. Urbizu ve la clave no en una planificación general y un régimen de sanciones, sino en la concienciación por parte de las empresas explotadoras de que lo esencial es ir restaurando desde las primeras fases del laboreo; esperar al final no hace sino dificultar técnicamente la restauración y encarecerla.
A esta visión opone José Luis Simón una reflexión basada en impresiones recibidas de varios frentes: quizá hay dificultades ‘estructurales’, insoslayables, para hacer cumplir las normas, y para que los planes de labores y restauración se ejecuten. Frente a una minería como  la del carbón, donde el recurso está más definido, los yacimientos quedan bien caracterizados tras la fase de investigación, y la marcha de la explotación (minería de transferencia, restauración) puede por tanto predecirse razonablemente, los yacimientos de arcilla (sobre todo la de pasta blanca) son mucho más impredecibles en relación con los requerimientos técnicos que los clientes van a demadar a corto y medio plazo. Ello haría casi imposible la planificación: el yacimiento se va explotando conforme se encuentran zonas que cumplen la demanda del cliente, abriendo frentes y haciendo acopios según decisiones que cambian cada poco tiempo. 
  Emilio Querol coincide con ese análisis, lo que le lleva a expresar una sugerencia urgente a la Administración: debería haber más flexibilidad en la ejecución de los planes de labores y restauración, pudiendo actualizarlos para hacer frente a todas esas contingencias. Ello requeriría inspecciones, por ejemplo, semestrales, que permitirían la actualización de los planes con protocolos más eficaces y plazos administrativos más cortos. 

Acerca de las posibilidades reales que tiene la provincia de Teruel de aprovechar las ventajas económicas derivadas de esta actividad, y que ello contribuya a asentar la población en el medio rural, Alejandro J. Pérez es pesimista. La minería de arcillas podría ser una oportunidad, pero también una amenaza al sufrir posibles impactos negativos otros recursos (cultura, paisaje) y sobre otras alternativas de desarrollo. Siete de las diez comarcas turolenses tienen una densidad de población de menos de 10 habitantes/km2, y tres de ellas (Maestrazgo, Gúdar-Javalambre y Albarracín) incluso por debajo de 5 habitantes/km2. Se trata de un verdadero desierto demográfico. Esta situación sólo podría revertirse con cambios estructurales profundos en el modelo de producción-consumo, y la minería a cielo abierto no puede aportarlos: en ocasiones una mina requiere para su explotación sólo dos o tres operarios, los transportistas viven generalemente fuera…
Miguel A. Herrero explica la experiencia de Galve. La mina que hay en esta localidad lleva varias décadas explotándose. Inicialmente ayudó a mantener la población, operada por una empresa pequeña, ARCITRAS; llegó a tener 20 trabajadores y 15 camiones. Al pasar a la multinacional WBB (grupo Sibelco) se recortan drásticamente los empleos; ahora sólo tiene 3 operarios de una subcontrata.  Mientras, se ha ido acumulando un fuerte impacto ambiental que la asociación cultural ‘Dinosaurio’ ha denunciado repetidamente. En la Jornada de Teruel en 2008, un representante de WBB afirmaba que la empresa se encontró en Galve una situación heredada del pasado, sin un plan de extracción ni de restauración; también, que se había presentado entonces un plan que iba a ordenar la explotación, pero los resultados hoy son lamentables. En Galve ahora es bastante más importante la economía que deriva del turismo cultural (patrimonio paleontológico), turismo rural… Esta diversificación de actividades económicas es lo que permitió el mantenimiento de la escuela, que a principios de los 90 estuvo a punto de cerrarse por falta de niños; ahora tiene 20 alumnos.  
Javier Oquendo explica que en Castellote hay 6 minas de arcilla blanca en explotación, de las que 5 están en espacios protegidos de la Red Natura 2000 y la sexta en el entorno de un importante yacimiento paleontológico (El Barranquillo), en situación muy vulnerable. Una de ellas está prácticamente en el casco urbano, y tres de ellas tienen un fuerte impacto visual desde el pueblo, mientras que su incidencia en el empleo es escasa: apenas dan empleo permanente a dos personas. También aquí hay un sector terciario relevante (hostelería, Escuela de Actividades en la Naturaleza, subsede de Dinópolis, turismo rural…) que da 15 empleos fijos todo el año. Sin embargo, ambos sectores conviven bien: los empresarios turísticos no perciben la minería como una amenaza, quizá porque Castellote es un municipio de tradición minera.
Alejandro J. Pérez destaca las fuertes afecciones que la minería a cielo abierto produce en el paisaje. El paisaje es una realidad subjetiva, cuya valoración depende de la perspectiva del observador. Se valora cada vez más como recurso y como seña de identidad, pero también es un hecho cambiante: cada generación hereda un paisaje distinto; las parameras de Teruel son un paisaje deforestado por la acción humana. Pero comprende que ciertas localidades del Maestrazgo o del alto Alfambra, que no tienen tradición minera y que quieren conservar su paisaje y sus modos de vida, se opongan a nuevos proyectos que les amenzan. 
Es el caso de Aguilar del Alfambra, donde existe un contencioso grave entre la empresa Sibelco, que quiere abrir una nueva mina muy cerca del pueblo, y los habitantes, que casi unánimemente la rechazan. Han pasado muchos años desde que el Ayuntamiento otorgó un permiso de explotación a WBB (ahora Sibelco), en un momento en que la corporación municipal tenía otra composición y no existía en el pueblo suficiente conciencia de las consecuencias que podría tener. Posteriormente, el Ayuntamiento impugnó aquella concesión, amparándose en un posible fraude cometido por la empresa al calcular el volumen total anual de material removido, situándolo artificialmente por debajo del límite que hubiese exigido una Evaluación de Impacto Ambiental, que en su momento no se hizo. Se creó asimismo la Plataforma Aguilar Natural como instrumento de acción ciudadana contra el proyecto de mina. El contencioso ha llegado a todas las instancias judiciales, hasta el Tribunal Supremo, que no han dado la razón al Ayuntamiento; en teoría, éste debería otorgar el permiso administrativo a la explotación. En paralelo, una carta publicada en la prensa por la Plataforma Aguilar Natural, criticando la sentencia inicial de una juez de Teruel a favor de la empresa, fue causa de querella por injurias de dicha jueza contra los autores, que prosperó aunque fue recurrida ante el Tribunal Constitucional y, ahora, ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Miguel A. Herrero interpreta que en Aguilar del Alfambra no hacen sino tomar nota de lo que ha ocurrido en la vecina localidad de Galve. Aquí han visto que las expectativas socioeconómicas iniciales no se han cumplido, y que lo que queda es sólo el impacto negativo de una mina que pertenece a la misma empresa que ha presentado el proyecto en Aguilar, y que no está haciendo bien las cosas.   
La mesa redonda concluyó con algunas reflexiones generales: la necesidad social de la minería, la necesidad de que la Admimistración regule el sector y haga todo el seguimiento que sea necesario, y de que la sociedad toda se haga responsable de las consecuencias de sus propios hábitos de consumo (Emilio Querol); la existencia de demasiados ejemplos de malas prácticas, historias de complejos mineros que en su tiempo dieron riqueza y prosperidad a una comarca y de los que hoy no queda nada, y el reto que el sector tiene de revertir esa imagen (Javier Oquendo); la necesidad de recordar que también la naturaleza nos provee de bienes y servicios medioambientales que a veces no valoramos suficientemente, y que deben ser contemplados en el balance de los pros y contras de cada proyecto (José Manuel Nicolau).